CIDH abre caso en contra del Canal Interoceánico de Nicaragua

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La Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) abre el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes en contra del canal interoceánico en Nicaragua.

El 25 de junio de 2018 fueron notificados por la CIDH miembros del pueblo indígena Mískitu de Tasbapounie, de la etnia Kriol, del Gobierno Comunal de Monkey Point, del Gobierno Territorial Rama y Kriol, DE Pueblo Indígena Rama y del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, sobre la apertura del caso 13.615 en vista que el estado de Nicaragua no presentó respuesta a su petición en contra del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

La CIDH se ha puesto a disposición de las partes con el fin, de dar una solución amistosa.

“Los miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes llevaron caso ante la CIDH en el año 2014, y hasta el año 2016 habían interpuesto 16 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua  (CSJ). Sin embargo, no han tenido respuesta de todos los recursos” expresó el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) en comunicado de prensa.

El caso se origina tras la Ley 840 desarrollada por el Gobierno de Daniel Ortega, que concede una concesión para a la inversión en desarrollo del canal de Nicaragua de Hong Kong., LIMITED (HKND). “Sin una oferta, sin la consulta necesaria y, por lo tanto, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes, aunque el 52 % de la ruta prevista del Gran Canal Interoceánico pasó a través de territorios que son los bienes históricos y tradicionales de estos pueblos Situado en la región autónoma de la costa del Caribe Meridional (CCR)” alude el comunicado.

El Estado de Nicaragua emitió un título para el territorio rama-Kriol en 2009; sin embargo, la autoridad del gran canal tiene la intención de usurpar ese título en el corazón del territorio rama-Kriol (263 km2), un área en la que estos pueblos dependen de su subsistencia. Ellos lo catalogan como “una usurpación disfrazada”.

Los peticionarios esperan que el estado de Nicaragua refleje y aproveche esta oportunidad para responder a la Comisión Interamericana de derechos humanos, de conformidad con las leyes nacionales, la constitución y las leyes internacionales que promueven y protegen los derechos humanos de esos pueblos.