La violencia un costo para la economía de la región

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El Instituto para la Economía y la Paz señala entre los problemas más graves la población en cárceles, la percepción del crimen y los homicidios.

El Salvador cayó tres posiciones en el Índice Global de Paz (GPI, por sus siglas en inglés) de 2017 y ocupa el puesto 115 de 163 naciones evaluadas. El informe también ubica a este país entre los 11 que tienen el mayor impacto económico por violencia. La medición, realizada por el Instituto para la Economía y la Paz, toma en cuenta los conflictos internos, la seguridad que tiene la sociedad y el nivel de militarización.

Para 2016, el impacto económico de la violencia fue de casi US$8,500 millones; pero, al ajustar este costo a los precios salvadoreños, la cantidad fue de $16,115 millones, lo que significa que la inseguridad le costó a cada salvadoreño cerca de $2,622.

A escala nacional, el impacto fue equivalente al 26,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que El Salvador está en el puesto 11 de los países con mayor costo de la violencia en relación con su economía, en una situación peor a la de Corea del Norte, pero mejor que la de República Centroafricana.

El impacto económico de la violencia se mide desde varias aristas; el costo directo, que es cuánto se gasta en un primer momento, lo que incluye a la víctima, al criminal y al Estado, así como el financiamiento de la policía. Luego, se toma en cuenta la dimensión indirecta que es el trauma físico y psicológico para la víctima, así como las pérdidas en la productividad.

También se incluye la medición del “efecto multiplicador” que es una estimación de lo que el país pierde al tener que destinar el dinero a cargos relacionados con la violencia. Es decir, educación que no se desarrolló, empleos que no se crearon, entre otras cosas. Esto es lo más difícil de estimar, sin embargo, se toma en cuenta porque se parte desde la hipótesis de que si en una comunidad hay que gastar menos tiempo y dinero en protección, esos recursos se dirigen a esfuerzos que traen beneficios, que en el caso de El Salvador, no se están cumpliendo.

El GPI también mide otras condiciones relacionadas con la seguridad para establecer el ranking. En el caso salvadoreño, la caída del puesto 112 al 115 se debe al deterioro de las contribuciones financieras en las misiones de paz de las Naciones Unidas, así como al incremento en el número de oficiales de seguridad.

El puntaje global que tiene el país es de 2.239, entre más alta es la cifra, peor está la situación. La nación más pacífica es Islandia, con 1.111, la más caótica es Siria, con 3.814.

La puntuación de El Salvador es el resultado de la evaluación de varias áreas. La criminalidad percibida por la población, los homicidios, los crímenes violentos y la población encarcelada fueron las peores; es en donde el país está peor evaluado, ya que en una escala de gravedad del uno al cinco, el país obtiene una nota de cinco.

Otro problema señalado es el acceso a las armas, el que se calificó con una nota de cuatro sobre cinco, la peor calificación.

Triángulo Norte

El Salvador no es el único en problemas; de hecho el GPI segmenta el mundo en nueve regiones, Centroamérica y el Caribe es la quinta más violenta después que Suramérica mejoró su situación y se hizo más pacífica.

En la región, de las 12 naciones que se toman en cuenta, los tres países más pacíficos son Costa Rica, Panamá y Nicaragua, en ese orden; mientras que los menos pacíficos son El Salvador, México y Guatemala.

El instituto señala que hay dos fuertes focos de violencia en la región: México y el Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, estos dos últimos sí lograron mejorar su posición desde el ranking de 2016 al actual.

Honduras mostró fuertes avances en seguridad, dice el informe, aunque sigue con altos niveles de homicidios. De hecho, ese país es el sexto con el mayor impacto de la violencia en su economía, aunque en términos relativos, el costo es menor al de El Salvador.

La situación de Guatemala mejoró, señala el GPI, por la reducción de las manifestaciones violentas tras la elección de Jimmy Morales en 2015.