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El precio de las criptomonedas suele ser extremadamente volátil, como demuestra el ejemplo de Bitcoin. No obstante, los problemas derivados de las fluctuaciones en el valor de las monedas virtuales no impiden que los inversores se decanten, al parecer, cada vez más por los activos digitales, como muestran los resultados de la macroencuesta Statista Global Consumer Survey.

La inversión en criptomonedas es bastante popular en la India, donde en 2021/2022 el 27% de los encuestados dijo poseer bitcoins o altcoins —término que hace referencia a cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin—. En comparación con la encuesta llevada a cabo en 2018/2019, la proporción ha aumentado 19 puntos porcentuales. Las monedas basadas en la tecnología blockchain también han experimentado un importante auge en los últimos tres años en países como Estados Unidos, Brasil o Alemania. En España, el 16% de los encuestados afirmaba usar o poseer criptomonedas en 2021/2022, frente al 10% de 2018/2019. En cambio, en México (12%), uno de los dos países latinoamericanos recogidos en el gráfico, el porcentaje se mantiene invariable y en China llega incluso a disminuir un punto porcentual.

Las criptomonedas, criptodivisas o monedas digitales empiezan a tener relevancia y a crecer en América Latina y el Caribe. En concreto, empresas emergentes vinculadas a las criptomonedas y tecnologías de blockchain como Bitso (México), Mercado Bitcoin (Brasil) y Ripio (Argentina) han logrado posicionarse fuertemente a nivel regional en temas de intercambio de monedas digitales e incluso, en el caso de Ripio, han creado su propia criptomoneda.

En Centroamérica, El Salvador adoptó en septiembre del año pasado al Bitcoin como moneda oficial junto con el dólar, convirtiéndose en el primer país a nivel mundial en hacerlo. Además, el Gobierno salvadoreño inició un proceso de desarrollo de infraestructuras para el uso de esta criptodivisa, que le ha convertido en el tercer país con más cajeros bitcoin del mundo, únicamente por detrás de Estados Unidos y Canadá.  Hasta el año pasado, en ese país centroamericano habían 204 cajeros automáticos de Bitcoin.

Sin embargo, la divisa digital no ha tenido la acogida esperada. Según una encuesta realizada en agosto de 2021, el 70% de los salvadoreños sigue usando únicamente el dólar como moneda y gran parte de los encuestados considera que los mayores beneficiados de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin serán los ricos, los inversionistas y el Gobierno. Asimismo, el 20.6% de los salvadoreños no sabe lo que es un Bitcoin.

La ciudad con más cajeros automáticos de Bitcoin en América Latina es San Juan, Puerto Rico, mientras que el país con mayor volumen de Bitcoin es Venezuela. Colombia no se queda atrás, aproximadamente un 21% del volumen total de bitcoin disponible en América Latina y el Caribe se encuentra en carteras digitales colombianas, siendo el segundo país con mayor cantidad en la región.

Esta no es la única moneda digital que resulta atractiva en Colombia, donde también hay  interés hacia el ethereum, de acuerdo con los resultados de Google Trends. Además, la aplicación Binance (donde se comercian varios activos digitales) registró un total de 3.764 usuarios activos diarios en febrero de 2021, siendo así la aplicación de almacenamiento de criptomonedas con mayor número de usuarios activos en Colombia.

¿Estamos preparados para mitigar riesgos por delitos financieros relacionados a la criptomonedas?

No obstante, esa rápida adopción de criptomonedas en América Latina y el Caribe, no significa que los gobiernos estén preparados para mitigar riesgos por delitos financieros, según el Estudio “Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean” (“Criptomonedas: Un riesgo de delitos financieros en América Latina y el Caribe”) realizado por Global Financial Integrity (GFI).

A medida que existe un número creciente de usuarios de criptomonedas, los gobiernos de la región no han logrado prevenir, detectar, investigar y enjuiciar de manera eficiente los delitos financieros que pueden surgir a partir de esta actividad.

La Investigación, realizada por GFI analiza los beneficios de las criptomonedas, sus potenciales riesgos asociados a la protección financiera de los consumidores e inversionistas, así como los crímenes financieros presentes en el ecosistema cripto. También incorpora las respuestas de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil; principalmente alrededor de la dinámica cambiante de la región. El informe incluye cinco países (Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México), seleccionados por su número de usuarios de criptomonedas, así como por sus aspectos regulatorios y contextos nacionales.

Tom Cardamone, presidente y CEO de GFI, dijo que “al igual que otros productos financieros o activos, el uso de criptomonedas se ha convertido en una dificultad cuando no están debidamente reguladas. Este informe levanta las alarmas alrededor de potenciales signos de lavado de dinero y otros delitos financieros asociados en la región”. “La integridad financiera y la transparencia son claves”, agregó.

El reporte argumenta que los gobiernos de la región deben ser conscientes de que las criptomonedas y sus productos no se pueden eliminar ni ignorar. Estas representan nuevos servicios financieros que llegaron para quedarse y que deben ser regulados para proteger a los usuarios e inversionistas de riesgos inherentes que no están mayormente regulados o sólo lo están parcialmente.

Para mitigar los riesgos asociados al uso de criptomonedas en un contexto no regulado, GFI recomienda a los gobiernos:

  • Implementar medidas para comprender mejor el ecosistema cripto en cada país
  • Desarrollar una regulación sustantiva e integral que brinde claridad y previsibilidad para los usuarios e inversionistas
  • Promover educación en la materia
  • Promover el debate y el intercambio de información entre todos los sectores de la sociedad
  • Potenciar las iniciativas del sector privado y de la sociedad civil
  • Seguir los protocolos nacionales e internacionales de conocimiento de su cliente (KYC) y ALD/CFT
  • Seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre nuevas tecnologías, activos virtuales (VAs) y proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs)
  • Aprender de las experiencias de otros países
  • Fortalecer la capacidad de enjuiciamiento de los delitos financieros relacionados con criptomonedas.

(Con información tomada de https://es.statista.com/ y https://gfintegrity.org)

(EFE).- La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador es un proyecto «innovador», pero el uso amplio de esta criptomoneda «tomará años», a juicio del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.

El Salvador se convirtió el pasado 7 de agosto en el primer país del mundo en el que tiene curso legal el bitcóin como moneda de intercambio, junto al dólar estadounidense. La iniciativa ha generado el rechazo de una parte de la población del país.

El Gobierno salvadoreño ya compró 700 de estas criptomonedas, según anunció el pasado lunes el presidente Nayib Bukele, que apuesta a que los potenciales beneficios para sectores sin acceso a la banca y la atracción de grandes tenedores de la criptodivisa ayuden a superar la crisis económica derivada de la pandemia.

La adopción del bitcóin en El Salvador «es realmente un proyecto innovador de inclusión financiera», afirmó Mossi en declaraciones a Efe, y agregó que cree «que va a tomar muchos años, si es que la población acepta el uso de una criptomoneda para una forma amplia de hacer transacciones».

«Pero aún faltaría mucho, creo yo, para convertirse en una moneda que compita con las monedas de curso, digamos, más tradicional», agregó el presidente del BCIE, del que El Salvador es socio fundador.

Ya en junio pasado el BCIE anunció que trabajaría en conjunto con el Gobierno de El Salvador para proveer asesoría en la puesta en marcha del nuevo esquema de criptomoneda con el bitcóin, incluidos asuntos como «evaluación de los riesgos, regulación, educación financiera y plan de inversión».

El uso del bitcóin como forma de pago es obligatorio, según la normativa, y todo agente económico está obligado a aceptar la criptomoneda.

La adopción de la moneda virtual, con sus potenciales beneficios para sectores sin acceso a la banca y la atracción de grandes tenedores de la criptodivisa, es la principal apuesta económica de Bukele frente a la pandemia de la covid-19.