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Las remesas hacia Nicaragua continúan en ascenso, según el último «Informe de Remesas» publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). En el tercer trimestre de 2023, el país experimentó un aumento significativo, con un ingreso total de remesas de 1,218.5 millones de dólares, marcando un crecimiento del 41.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se registraron 862.2 millones de dólares.

Este continuo crecimiento resalta la importancia fundamental que las remesas desempeñan en la economía nicaragüense, siendo un motor clave para el desarrollo y el sustento de numerosas familias. En este contexto, Estados Unidos se mantiene como el principal contribuyente, representando el 83.5% del total de remesas, seguido por Costa Rica (6.6%) y España (5.7%), que en conjunto aportaron el 95.8% del flujo total.

En el desglose por país de origen, las remesas provenientes de Estados Unidos experimentaron un aumento del 49.7%, alcanzando la cifra de 1,016.9 millones de dólares. Costa Rica y España, aunque en proporciones menores, también registraron crecimientos significativos, con flujos de 80.9 y 69.9 millones de dólares, respectivamente.

Los datos acumulados hasta septiembre de 2023 revelan una tendencia igualmente positiva, con un total de 3,433.5 millones de dólares recibidos, lo que representa un incremento del 52.0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estados Unidos sigue liderando con 2,835.1 millones de dólares, evidenciando un aumento interanual del 66.4%.

En cuanto a la distribución geográfica, Managua se destaca como el principal destino de las remesas, recibiendo el 25.6% del total, seguido por Matagalpa, Chinandega y Nueva Segovia. Estos departamentos, junto con otros destacados como León, Estelí y Jinotega, conforman el 85.9% del total de remesas recibidas.

El flujo constante de remesas no solo demuestra la sólida conexión de la diáspora nicaragüense con sus raíces, sino que también desempeña un papel crucial en el impulso económico local.

TÍtulo 42,  trata de un párrafo de 128 palabras de redacción imprecisa que permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos “para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.” 
La Corte Suprema de Estados Unidos votó a favor de mantener una controvertida política de la era Trump -conocida como el Título 42- que permite expulsar automáticamente a los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar en el país.

Se estima que más de 1,7 millones de personas han sido expulsadas en virtud de esta medida implementada primero cuando Donald Trump era presidente y extendida por Joe Biden en dos ocasiones, y cuya justificación inicial fue controlar la propagación de la covid-19.

El posible levantamiento de esta política había generado preocupaciones de que aumentaría rápidamente la cantidad de migrantes en la frontera.

La administración Biden dijo que cumpliría con el fallo, pero pidió una reforma de la política de inmigración.

La política del Título 42 debía expirar originalmente el 21 de diciembre, pero dos días antes de la fecha límite, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó su derogación. La decisión de la corte llegó como respuesta a una apelación de emergencia de algunos estados liderados por republicanos que habían pedido que se mantuviera la política. El pasado martes, la Corte Suprema votó 5-4 para ampliar la suspensión temporal ordenada por el juez Roberts. Además, los nueve jueces de la Corte Suprema escucharán argumentos orales sobre si los estados pueden intervenir en defensa de la política. Es probable que esta vista se lleve a cabo en febrero o marzo de 2023. La decisión está prevista para finales de junio.

Obligación de dar asilo

La decisión supone un duro golpe para los activistas, que habían solicitado el fin del Título 42, argumentando que era contrario a las obligaciones internacionales de dar asilo a las personas. Sin embargo, los defensores del Título 42 y las autoridades de muchas ciudades fronterizas argumentaron que levantar la política conduciría a un aumento en las llegadas a la frontera, lo que ejercería presión sobre los recursos. En documentos judiciales presentados la semana pasada, la procuradora general Elizabeth Prelogar dijo que el gobierno reconoció que el fin del Título 42 probablemente «conduciría a una crisis y un aumento temporal de los cruces fronterizos ilegales». 

Desbordados

En la frontera, los gobiernos locales y las organizaciones humanitarias han advertido que ya están sobrecargados y mal preparados para una afluencia adicional de solicitantes de asilo. En la ciudad tejana de El Paso, por ejemplo, las autoridades declararon la semana pasada el estado de emergencia y establecieron un refugio improvisado con 1.000 camas en el centro de convenciones de la ciudad como parte de un plan más amplio para hacer frente al creciente número de solicitantes de asilo en el calles de la ciudad.

Fuente BBC

Desde la designación de Qatar como país anfitrión de la Copa del Mundo allá por finales de 2010, el emirato puso en marcha los preparativos para acoger el evento más importante del fútbol mundial. Con ello, también se intensificó la dependencia de Qatar de la mano de obra extranjera. Los inmigrantes representan más del 77% de la población total del país, que es de casi 2,9 millones de personas, según los datos de 2020 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Esto lo convierte en uno de los países del mundo con la más alta proporción entre inmigrantes y ciudadanos. En la última década, el número de migrantes internacionales en Qatar creció más del 50%, desde 1,5 millones en 2010 a 2,2 millones en 2020. En el año 2000, el país acogía a menos de 360.000 migrantes, una cifra que se sextuplicaría a lo largo de veinte años.

Numerosos organismos abocados a la defensa de los derechos humanos han documentado los abusos a los trabajadores migrantes en Qatar en los últimos años, la mayoría de los cuales provienen de países asiáticos como India, Nepal y Bangladesh. Según la organización Human Rights Watch, los abusos de los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar a menudo derivan de su sistema laboral de «patrocinio», que ata la situación legal de los migrantes a sus empleadores. El sistema penaliza el abandono de un trabajo sin permiso del empleador. Los contratantes también suelen confiscar los pasaportes de los trabajadores extranjeros, a quienes se les prohíbe realizar huelgas o reclamar por sus derechos. Esta situación contribuye al abuso, la explotación, las condiciones insalubres y hasta el trabajo forzado. Como si esto fuera poco, los migrantes también suelen pagar tasas de contratación para asegurarse un empleo en el país, lo que puede mantenerlos endeudados durante años.

Fuente Statista