Desde la designación de Qatar como país anfitrión de la Copa del Mundo allá por finales de 2010, el emirato puso en marcha los preparativos para acoger el evento más importante del fútbol mundial. Con ello, también se intensificó la dependencia de Qatar de la mano de obra extranjera. Los inmigrantes representan más del 77% de la población total del país, que es de casi 2,9 millones de personas, según los datos de 2020 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Esto lo convierte en uno de los países del mundo con la más alta proporción entre inmigrantes y ciudadanos. En la última década, el número de migrantes internacionales en Qatar creció más del 50%, desde 1,5 millones en 2010 a 2,2 millones en 2020. En el año 2000, el país acogía a menos de 360.000 migrantes, una cifra que se sextuplicaría a lo largo de veinte años.
Numerosos organismos abocados a la defensa de los derechos humanos han documentado los abusos a los trabajadores migrantes en Qatar en los últimos años, la mayoría de los cuales provienen de países asiáticos como India, Nepal y Bangladesh. Según la organización Human Rights Watch, los abusos de los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar a menudo derivan de su sistema laboral de «patrocinio», que ata la situación legal de los migrantes a sus empleadores. El sistema penaliza el abandono de un trabajo sin permiso del empleador. Los contratantes también suelen confiscar los pasaportes de los trabajadores extranjeros, a quienes se les prohíbe realizar huelgas o reclamar por sus derechos. Esta situación contribuye al abuso, la explotación, las condiciones insalubres y hasta el trabajo forzado. Como si esto fuera poco, los migrantes también suelen pagar tasas de contratación para asegurarse un empleo en el país, lo que puede mantenerlos endeudados durante años.
