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La industria bancaria y los servicios financieros han aprovechado inmensamente el avance de la tecnología, hasta cambiar la forma en que se comercializa y se hace uso del dinero. Las empresas Fintech son la muestra de este fenómeno que ha traído soluciones rápidas, fáciles, ágiles y cómodas para administrar el dinero.  

Actualmente, el ecosistema Fintech en Centroamérica es muy dinámico. “En los últimos 3 años hemos visto que la industria ha crecido exponencialmente y que nuevos actores han ingresado al mercado con modelos de negocio disruptivos y enfocados en un nicho de mercado diferente al que atiende la banca tradicionalmente”, indica Carlos Romero, Consultor en temas de regulación financiera. 

Un estudio del BID y Finnovista publicado en el 2022 estima que el ecosistema Fintech de América Latina y el Caribe ha crecido un 112% desde el año 2018. Nuestra región ha crecido en porcentajes similares. De acuerdo con el radar de Misiónlunar.com en la región existen actualmente más de 200 Fintech. “En Nicaragua hay alrededor de 10 iniciativas Fintech, pero sólo 4 cuentan con una licencia del Banco Central de Nicaragua como Proveedor de servicios de pago”, agregó el especialista. 

Sin embargo, estas soluciones necesitan regulaciones, las cuales son importantes porque crean certeza para empresarios, usuarios e inversionistas; y estimulan el ecosistema porque se crean reglas del juego claras y un clima de inversión favorable. 

Las regulaciones varían en cada uno de los países, en El Salvador y Guatemala no existe una regulación per se para estos modelos de negocios, pero su regulación recae en el ordenamiento jurídico de carácter mercantil y las leyes para la prevención de lavado de dinero. Por otro lado, existen países como Honduras y Nicaragua que han creado reglamentos para los proveedores de servicios de pago y los proveedores de servicios de activos virtuales (en el caso de Nicaragua exclusivamente), según explica el experto.

Costa Rica por su parte, a pesar de ser el ecosistema más desarrollado de la región, carece de un reglamento específico pero buena parte de sus fintech están amparadas en un reglamento del BCCR para el tema de sistemas de pagos, manifestó.

 Las regulaciones son necesarias

El comercio electrónico es uno de los ejemplos más palpables de la digitalización de nuestras economías, es sin duda el ejemplo más claro de la Economía Digital, sin embargo, conlleva riesgos, por lo que es necesario que existan regulaciones como las certificaciones, que deben tener por el uso de los medios de pago digitales (tarjetas de crédito y débito), protección de datos, derecho del consumidor, seguridad informática, envío de comunicaciones comerciales, factura comercial, etc., explica Romero.

En la actualidad, Nicaragua no posee una Ley que regule el comercio electrónico. De momento el único cuerpo normativo que recoge el tema del comercio electrónico es la Ley 842 “Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias” que en los artículos del 77 al 80 aborda el tema de las transacciones por medios electrónicos y la protección que debe existir para el consumidor. Existe además una ley de ciberdelitos que habla de manera tangencial de los delitos que se cometen por medios electrónicos, agregó.

En la región centroamericana tenemos como referentes la Ley de Comercio electrónico de Honduras (Decreto No. 149-2014) y la Ley de Comercio Electrónico de El Salvador (Decreto Legislativo n. ° 133). 

 Los riesgos del comercio electrónico

Los riesgos recaen principalmente en el manejo de los datos e información que se brindan a la aplicación a la hora de hacer una transacción, sean datos personales o de tarjetas de crédito y débito. El otro riesgo es que muchas veces el producto o servicio no está acorde a las expectativas, «nos ofrecen un producto de X calidad y recibimos uno de una calidad inferior sin tener la posibilidad de pedir un reembolso», señaló.

El primero de marzo se lanzó un e-book sobre el Panorama Fintech en Centroamérica, en el cual se aborda el tema regulatorio, Riesgos, Compliance y Protección de datos personales.