EFE
La mayoría de los inmigrantes cuyos permisos de trabajo están a punto de expirar o han expirado recientemente serán autorizados a seguir trabajando por un año y medio más, anunció recientemente el Gobierno estadounidense.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indicó en su portal que la extensión de los actuales permisos de trabajo, que entraron en vigor el pasado 4 de abril, «ayudará a evitar pausas en el empleo de los extranjeros cuyas solicitudes de renovación del permiso de trabajo están pendientes».
Asimismo, según la agencia, esa extensión «estabiliza la continuidad de las operaciones de empleadores estadounidenses» que tienen inmigrantes en su fuerza laboral.
«Mientras USCIS trabaja para resolver los casos pendientes de permiso de trabajo, la agencia ha determinado que la extensión automática actual de 180 días para la autorización de empleo es ahora insuficiente», señaló la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.
La nueva política apunta a aliviar el volumen sin precedentes de más de 1,5 millones de solicitudes de permiso de trabajo pendientes en USCIS, que ha dejado a decenas de miles de personas sin la capacidad de trabajar legalmente en tiempos en que escasea la mano de obra.
La extensión automática de 180 a 540 días de los permisos de trabajo beneficia de inmediato a unos 87.000 inmigrantes cuyos permisos de trabajo han caducado o van a caducar dentro de los próximos 30 días.
Entre los inmigrantes beneficiados se encuentran los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente incluye a inmigrantes de 25 países, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Otros beneficiados son personas con solicitudes de asilo pendientes, cónyuges de ciertos trabajadores extranjeros y víctimas de violencia de género.
La notificación de USCIS recordó que la agencia ha estado en una situación financiera precaria por varios años, lo cual ha perjudicado su capacidad para tramitar los permisos de trabajo.
A diferencia de otras agencias gubernamentales, USCIS no recibe una asignación presupuestaria del Congreso y debe financiar sus operaciones con lo que recauda por las tarifas de los servicios que brinda.
Esas recaudaciones disminuyeron desde 2020 debido a la pandemia de covid-19.
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