El país enfrenta el desafío de acelerar su transición energética para evitar un déficit de generación que afecte su desarrollo social y económico.

Guatemala atraviesa un momento decisivo para garantizar su futuro energético. Según el Informe Estadístico Anual 2024 del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), la demanda de energía crece entre un 4% y un 7% anual, un ritmo superior al de la nueva generación instalada. Si esta tendencia continúa, el país podría enfrentar un déficit energético en los próximos años, con riesgos de racionamientos, apagones y un incremento en los costos eléctricos para hogares y empresas.

La advertencia es clara: el consumo crece más rápido que la capacidad instalada. Habilitar nuevos proyectos de generación renovable —hidroeléctricos, solares, eólicos o de biomasa— se ha vuelto una necesidad urgente para evitar impactos en la vida cotidiana, la producción industrial y la competitividad nacional.

“La soberanía energética debe estar por encima de intereses particulares o bloqueos administrativos. Guatemala tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en generación renovable. La energía es progreso, y detenerla significa condenar a nuestra gente a un futuro más caro, más frágil y menos justo”, afirmó Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER).

La energía es la base del desarrollo social y económico. En Guatemala, las distribuidoras atienden a más de 4.2 millones de hogares, que dependen de un suministro confiable para refrigerar alimentos, estudiar o mantener operativos hospitales y servicios esenciales. Un sistema eléctrico inestable comprometería directamente la educación, la salud y la calidad de vida de millones de guatemaltecos.

Además, la falta de expansión energética amenaza la competitividad del país. Un suministro incierto o costoso desalienta la inversión extranjera y afecta la capacidad productiva de las empresas locales. En un entorno global, la energía estable, limpia y asequible es un pilar para el crecimiento económico y la generación de empleo.

El reto también incluye una dimensión social. Actualmente, el 64% de la población guatemalteca depende de la leña para cocinar, según datos del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Esta práctica, además de degradar el entorno, tiene efectos severos sobre la salud pública por la exposición prolongada al humo en interiores.

Frente a este panorama, expertos coinciden en la necesidad de políticas públicas integrales y programas de acceso a energía limpia para comunidades vulnerables, combinando inversión, educación energética y cooperación público-privada.

Garantizar la sostenibilidad energética no es solo un desafío técnico, sino una decisión estratégica para el futuro de Guatemala: mantener encendida la energía del desarrollo.