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(EFE).- Varias comunidades campesinas en el norte de Guatemala han adoptado prácticas agrícolas resilientes para enfrentar al cambio climático y la sequía, respaldados por cooperativas y apoyo comunitario, según detalló este viernes la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Las prácticas de las comunidades, ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, 150 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, son parte del proyecto «Adaptación de comunidades rurales a la variabilidad y cambio climático para mejorar su resiliencia y medios de vida», con la participación de alrededor de 5.900 productores indígenas, de los cuales un 30 % son mujeres.

El proyecto es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica, en inglés), e implementado por FAO en cooperación con el Ministerio de Agricultura guatemalteco y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), precisó la agencia de Naciones Unidas.

Aglutinados en la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), los grupos de campesinos, de los municipios de Rabinal (Baja Verapaz) y Cobán (Alta Verapaz), han desafiado al cambio climático enfocados en el bien común y en la tecnificación de los sistemas de siembra de la hortaliza, con resguardo de métodos ancestrales que permiten mantenerse a flote.

AGRICULTURA FORESTAL

Uno de los cooperativistas, Alberto Cortés, de 42 años, vecino de Rabinal, dijo a Efe que los procesos «agroforestales» han permitido «encontrar el acceso y la disponibilidad del alimento, que debe ser integrado con la naturaleza, pues tiene que tener esa armonía conjunta para ser un ciclo».

Cortés añadió que en la Federación también trabajan con las comunidades temas de juventud, género y de mujeres «como un método educativo para poder enseñar más prácticas», pues estos procesos son «la única alternativa».

Los campesinos de Rabinal cultivan «café, yuca, banano, pacaya, peces, gallinas, vacas, aves, plantas medicinales» y, según dice Cortés, son también «un medio de dar educación a otros» ya que producen «abono orgánico, todo de la misma naturaleza».

Las prácticas de las comunidades contrastan con la situación de Alta Verapaz y Baja Verapaz, dos de los departamentos más pobres de Guatemala y que se vieron azotados por los huracanes Eta y Iota en noviembre de 2020, además de la pandemia.

Cortés lamentó que afuera de la cooperativa hay grupos de personas que trabajan como jornaleros y otros que han tenido que emigrar a Estados Unidos a falta de oportunidades o incluso han migrado a la Ciudad de Guatemala.

«Ellos se alejan de la familia. Y los cambios climáticos no solo son contra el ambiente, sino que han creado problemas familiares y sociales. Es un problema generalizado, en salud, en educación».

Alrededor de 86 millones de niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas en América Latina y el Caribe debido a la pandemia de la covid-19, alertó este jueves Unicef con base en sus últimas estimaciones.

«Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen internet, directamente no los han visto”, dijo la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough.

Gough señaló que «la educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje».

Y añadió que «cada día fuera de las aulas acerca a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la deserción escolar, la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas».

La agencia de la ONU también destacó que unos 47 millones de menores en la región retornaron al «aprendizaje presencial» debido a los «esfuerzos de varios países por acelerar la reapertura de las escuelas, ya sea parcial o totalmente».

«Es esperanzador ver que cada día se reabren más escuelas y más niños, niñas, adolescentes, maestros y profesores vuelven a la escuela en América Latina y el Caribe», declaró Gough.

Latinoamérica ha «tenido más tiempo de cierre ininterrumpido de escuelas que cualquier otra región del mundo» durante la pandemia. Se perdió una media de 153 días de clase presencial desde el inicio la crisis sanitaria, causando la mayor interrupción del aprendizaje en la historia moderna de la región, afirmó el ente de la ONU.

La escuela actúa como un «espacio seguro» para que los menores «interactúen, jueguen y crezcan juntos», sostuvo Unicef, y recalcó que los colegios no están asociados con un aumento de la transmisión de la covid-19.

Incluso, en las áreas con unos altos índices pandémicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar el aprendizaje presencial.

«Cada vez son más los países de la región que demuestran que el aprendizaje presencial es posible; otros deben devolver urgentemente a sus niños, niñas y adolescentes a las aulas», apuntó Gough.

La directora señaló que «los riesgos de permanecer fuera de la escuela son demasiado altos (…) los niños, niñas y adolescentes de esta región ya han perdido más de un año de escuela. No pueden permitirse perder otro día de aprendizaje presencial».

Unicef ha colaborado con los países en el desarrollo de estrategias de regreso a la escuela e instó a los Gobiernos de la región a «a abrir todas las escuelas lo antes posible».

También, Unicef, el Banco Mundial y la Unesco hicieron un llamado conjunto para realizar programas específicos para retornar a las escuelas, ayudar a los estudiantes a recuperar el aprendizaje perdido, y apoyar a los docentes a incorporar la tecnología digital a su enseñanza.

 

(EFE) El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF apuesta por una economía verde y digital, junto con un fortalecimiento de la acción multilateral, para conseguir una reactivación económica en la región, tras el azote que ha supuesto la pandemia.

«La recuperación tiene que ser necesariamente para el caso de América Latina verde, digital y enfocada en la gente”, afirma el presidente ejecutivo de CAF, el colombiano Sergio Díaz-Granados en una entrevista con Efe.

El nuevo máximo responsable de CAF, en el cargo desde el pasado 2 de septiembre, insiste en que «la pandemia deja a la región más pobre, más endeudada y con más muertos respecto a la situación global, y eso es una realidad de la cual hay que partir en estos momentos”.

Díaz-Granados recuerda que con apenas el 8 % de la población mundial, Latinoamérica registra más del 30 % de los muertos totales.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina y el Caribe ha registrado 1,4 millones de muertes, del total de 4,6 de todo el mundo, con una población de más de 600 millones de habitantes, frente a los 7.900 de todo el planeta.

Por tanto, insiste: “La respuesta que hay que darle a este desafió que nos ha dejado el covid, es una respuesta multilateral, es una respuesta que requiere una combinación de factores de coordinación y de movilización que permita preparar a nuestros gobiernos para remontar lo que ha supuesto hasta ahora la pandemia.”

UNA SOLUCIÓN VERDE Y DIGITAL

Un cambio en la matriz energética para reducir la huella de carbono o impulsar la reforestación para combatir el cambio climático, son algunas de las propuestas del CAF para afrontar el futuro inmediato.

Para ello, su presidente quiere convertir a esta entidad «en un banco activo en el financiamiento verde», por lo que se proponen pasar del 26 % del financiamiento dedicado a este tipo de actividad que tuvo en 2020 al 40 % en 2026, con proyectos que pueden ir desde la acción climática a la biodiversidad.

«Si el mundo quiere avanzar a una neutralidad de carbono, tienen que tener en cuenta necesariamente a América Latina”, explica, y pone como ejemplo la reforestación.

Y ante la brecha digital que dejó a la vista la pandemia, con enormes zonas rurales donde la falta de cobertura privó a miles de niños y jóvenes de educación durante los meses de confinamiento, CAF apuesta por la digitalización para la reactivación económica.

«La base de la reactivación tiene que tener lo digital, para rápidamente recuperar el tiempo perdido y tiene que tener a los jóvenes y a las mujeres también en el centro de la acción (…), los dos mercados laborales más difíciles de romper la inercia del desempleo” afirma Díaz-Granados.

Y para ello, insiste en trabajar mucho más en la “preparación de infraestructuras en los territorios”.

Once jefas de Estado y de Gobierno, entre ellas la presidenta de Grecia, Katerina Sakelaropulu, han instado en un llamamiento conjunto a los talibanes a respetar los derechos de las mujeres y niñas afganas y abstenerse de actos de violencia contra ellas.

A diferencia de los llamamientos lanzados en varios países por periodistas, escritoras y artistas que piden a la comunidad internacional que mantengan sus puertas abiertas para que salgan del país todas las personas que lo deseen, en especial las mujeres, este mensaje se dirige exclusivamente a los talibanes.

«Estamos profundamente preocupadas por los acontecimientos actuales en Afganistán, incluidos los múltiples informes sobre violaciones de los derechos de las niñas y las mujeres en muchas partes del país. Hacemos un llamamiento a los gobernantes actuales y futuros en Afganistán para que respeten los derechos de las mujeres y las niñas y se abstengan de cualquier acción que restrinja sus derechos en áreas como el empleo, la educación, el acceso a la atención médica, la cultura o los cargos públicos. Instamos enérgicamente a las autoridades afganas a prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres o las niñas», señalan las líderes en su manifiesto.

Las once políticas recalcan que, independientemente de las diferencias que pueda haber, «hombres y mujeres somos iguales y nuestros derechos son inalienables e incuestionables».

También prometen a las mujeres y niñas afganas que seguirán de cerca los acontecimientos en su país, que escucharán sus voces y seguirán apoyando sus derechos y oportunidades.

La iniciativa de este llamamiento salió de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputová y la primer ministra de Islandia, Katrin Jakobsdóttir.

Además de Sakelaropulu lo han firmado las primeras ministras de Dinamarca, Mette Frederiksen; de Estonia, Kaja Kallas; de Lituania, Ingrida Simonyté; de Finlandia, Sanna Marin; de Noruega, Erna Solberg, de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, así como las presidentas de Georgia, Salome Zourabichvili y Moldavia, Maia Sandu.

Las exportaciones de las zonas francas en Nicaragua aumentaron un 48,3 % en el primer semestre de este año en relación con el mismo período de 2020, informó este sábado el Banco Central del país centroamericano.

Las ventas al exterior de las zonas francas entre enero y junio pasados totalizaron 1.587 millones de dólares, frente a los 1.070,5 millones de dólares del mismo período de 2020, detalló el banco emisor del Estado en un informe.

Los sectores de textil, tabaco y arneses representaron el 82,4 % del total de las exportaciones de zona franca acumuladas a junio y en conjunto sumaron 1.306,9 millones de dólares, registrando un incremento interanual de 51,1 %, precisó el Banco Central.

Las exportaciones del sector textil sumaron 836,7 millones de dólares en el lapso de seis meses (613,2 millones en 2020), lo que se tradujo en un incremento de 36,4 % en valor y un incremento de 46,7 % en términos de volumen, detalló la fuente.

Las exportaciones de textiles tuvieron como principales mercados de destino Estados Unidos (83,4 % del total), Honduras (12,7 %) y El Salvador (1,4 %), indicó.

Por su parte, las exportaciones de arneses fueron de 314,7 millones de dólares, registrando un incremento de 108,7 %, siendo México el principal mercado de destino (83,2 % del total), de acuerdo con la información.

Nicaragua cuenta con 52 parques industriales y 226 empresas usuarias en más de 2 millones de metros cuadrados, que generan 116.500 empleos directos y 350.000 empleos indirectos en el sector de maquilas o empresas textiles y de confección que operan en régimen de zona franca para la exportación, según datos oficiales.

En 2020, las exportaciones de zona franca sumaron 2.469,1 millones de dólares, un 14,7 % menor que en 2019, cuando totalizaron 2.894,1 millones de dólares, según cifras oficiales.

Nicaragua proyecta un crecimiento entre 4 % y 6 % en 2021 debido al buen comportamiento que se registra en las diferentes actividades económicas en lo que va de año, según el titular del Banco Central, Ovidio Reyes.

El producto interno bruto (PIB) decreció un 2,0 % en 2020, el tercer año consecutivo de contracción, esta vez como producto de la pandemia de la covid-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota en noviembre pasado, según el Banco Central.

El PIB de Nicaragua cayó un 3,7 % en 2019 y un 3,4 % en 2018 como producto de la crisis sociopolítica que afecta al país desde hace 41 meses, según la autoridad monetaria, que actualizó las cifras de 2018 y 2019.

 

Marvel, la mayor maquinaria de taquillazos en el cine de los últimos años, abraza la cultura y la identidad asiáticas con la película «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings», una cinta con la que esta enorme saga de superhéroes refuerza su apuesta por la inclusión.

«Definitivamente soy optimista respecto al progreso de la representación y la diversidad en Hollywood», dijo a Efe la actriz Awkwafina, coprotagonista de «Shang-Chi» junto a Simu Liu.

«Creo que películas como esta, aunque no simbolicen que estemos ya ahí, se añaden a esta especie de colección más grande de películas que esencialmente validan ciertas experiencias. Yo tuve el honor de estar en ‘Crazy Rich Asians’ (2018), ‘The Farewell’ (2019) y ‘Raya and the Last Dragon’ (2021) y todas estas forman parte de ese mural», añadió.

Después del fenómeno de «Black Panther» (2018), Marvel presenta en los cines este viernes esta cinta sobre un niño chino que fue instruido en las artes marciales y que, ya como adulto y con una vida completamente normal en San Francisco (EE.UU.), debe afrontar los oscuros secretos de su familia.

Simu Liu da vida a este superhéroe y, junto a Awkwafina, aparecen aquí otros actores de mucho peso como Tony Leung y Michelle Yeoh.

A los mandos de «Shang-Chi» se puso el director Destin Daniel Cretton, que tras joyas «indie» como «Short Term 12» (2013) toma ahora el control de una gran superproducción de Hollywood.

LEALTAD ENTRE AMIGOS

Lejos de la habitual y manida historia romántica entre los dos protagonistas, «Shang-Chi» muestra la amistad a prueba de bombas entre Shang-Chi y Katy, el personaje de Awkwafina, algo que la actriz definió como «lealtad» entre ambos.

«Creo que cuando Shang-Chi llegó a San Francisco tenía que encontrar algo así como una familia de acogida. Creo que esa lealtad es la misma lealtad que encuentras entre dos personas que son mejores amigos y también en tu familia», argumentó.

«Me parece que sin esa lealtad no podrían ser tan cercanos el uno del otro y creo que sin esa lealtad Katy no hubiera confiado en él para ir (en su aventura) y para arriesgar su vida por ayudar a Shang-Chi a averiguar lo que él necesita averiguar», añadió.

Katy ofrece el contrapunto cómico y alocado a la traumática historia de Shang-Chi.

En este sentido, Awkwafina admitió entre risas que su personaje está un poco perdido en general.

«Creo que Katy tiene ciertas frustraciones con su vida, pero creo que la mayor parte de ellas las sortea de una manera bastante libre», afirmó con una sonrisa al sostener que su personaje también pasa por «una transformación similar» a la de Shang-Chi.

(EFE).- Una sequía «cada vez más grave» amenaza los medios de vida de más de siete millones de agricultores en Afganistán, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que agrava aún más la situación humanitaria en Afganistán, en plena crisis tras la llegada de los talibanes al poder.

De acuerdo a las previsiones divulgadas hoy por el organismo de la ONU, con sede en Roma, la cosecha de este año será un 20 % inferior a la de 2020 y un 15 % más baja que la media debido a la sequía, mientras que se estima que la necesidad de cereales será un 28 % superior a la del año pasado.

Las estimaciones de la FAO también señalaron que «tres millones de animales están en riesgo», por lo que el organismo recomendó una protección «urgente» de la ganadería afgana ante la sequía.

Los siete millones de agricultores amenazados por la sequía se encuentran entre los 14 millones de afganos, uno de cada tres habitantes del país, que padecen inseguridad alimentaria grave y necesitan asistencia humanitaria urgente.

La FAO alertó de que «la combinación de una grave sequía, las repercusiones económicas relacionadas con la COVID-19 y los desplazamientos generalizados ha azotado a las comunidades rurales del Afganistán, en particular a los agricultores y pastores, que constituyen el eje central de la economía del país».

Ante la campaña de trigo de invierno, cuya siembra empieza en septiembre, la FAO prevé prestar asistencia a 250.000 familias agrícolas vulnerables, pero recordó que la financiación actual «solo permitirá llegar a 110.000 familias» porque «existe un déficit de financiación de 18 millones de dólares».

«En este momento es fundamental prestar apoyo agrícola urgente para contrarrestar los efectos de la sequía y el empeoramiento de la situación en vastas zonas rurales del Afganistán en las próximas semanas y meses», dijo el director general de la FAO, Qu Dongyu, en un comunicado.

«Si los agricultores no pueden conseguir las semillas que necesitan con urgencia a finales de septiembre o principios de octubre, no habrá campaña del trigo de invierno. Esto será un desastre para millones de afganos, tanto si son agricultores como si son consumidores», señaló el representante de la FAO en Afganistán, Richard Trenchard.

La FAO destacó que, «a pesar del déficit de financiación y de las difíciles circunstancias», mantiene el objetivo de prestar asistencia a 3,5 millones de personas en Afganistán en 2021 de acuerdo con su Plan de respuesta humanitaria.

Al menos el 34 % de los países del mundo no protege legalmente la calidad del aire exterior, advirtió este jueves el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o ONU-Medioambiente).

Además, el 31 % de los países que tienen el poder para aplicar tales estándares de calidad aún no los han adoptado.

Esas conclusiones figuran en el informe «Regulación de la calidad del aire: la primera evaluación global de la legislación sobre contaminación del aire», publicado hoy por el PNUMA, con sede en Nairobi, y que examina leyes en 194 estados y la Unión Europea.

En los países en los que existan esas normas, destaca el organismo, los estándares varían y, a menudo, no cumplen las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe, que se divulga con motivo de la celebración del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul este 7 de septiembre, recuerda que la OMS ha identificado la contaminación del aire como el «mayor riesgo ambiental para la salud».

Así, el 92 % de la población mundial vive en lugares donde los niveles de la contaminación del aire exceden los límites seguros, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niños y ancianos de países de bajos ingresos.

La OMS ha presentado valores de referencia para la calidad del aire exterior, pero, como muestra el informe, no existe una alineación global ni un marco legal común para su aplicación.

Incluso donde hay protección legal, los estándares son difíciles de comparar, pues el 49 % de los países definen la contaminación del aire exclusivamente como una amenaza al aire libre, la cobertura geográfica de los estándares de calidad varía y más de la mitad de los países permiten desviaciones de estos estándares.

Asimismo, la responsabilidad institucional para alcanzar los estándares es débil a nivel mundial, ya que sólo el 33 % de los países imponen obligaciones para cumplir con los patrones exigidos por ley.

El seguimiento es fundamental para saber si se cumplen los estándares, pero no es un requisito legal en al menos el 37 % de los países.

Finalmente, aunque la contaminación del aire no conoce fronteras, sólo el 31 % de los países cuenta con mecanismos legales para abordar la contaminación transfronteriza.

“No habrá ninguna vacuna para prevenir siete millones de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire cada año, un número tendente a crecer en más del 50 % para 2050 ”, señaló la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen,

“El aire que respiramos es un bien público fundamental y los gobiernos deben hacer más para garantizar que sea limpio y seguro», añadió Andersen.

El informe subraya la necesidad de un sólido modelo de gobernanza de la calidad del aire que sea considerado en las legislaciones nacionales y defiende la adopción de un tratado mundial sobre estándares de calidad del aire exterior.

El derecho a un medioambiente sano, incluido el aire limpio, es un precursor para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de la Agenda 2030 sobre buena salud, energía asequible y limpia, ciudades sostenibles, producción responsable y vida en la Tierra.

(EFE).- Invertir en empresas lideradas por mujeres o desarrollar estrategias de inversión con enfoque de género son elementos cruciales para la recuperación de América Latina tras la pandemia y suponen una esperanza para las mujeres de la región.

Ellas representan casi la mitad de la fuerza laboral pero son las más perjudicadas por la actual crisis, por eso, cada vez más expertos apuntan a que mejorar su acceso a la financiación es imprescindible para lograr la igualdad, al tiempo que abre nuevas oportunidades de negocio para los inversionistas en la región.

«Una recuperación económica sostenible e inclusiva dependerá en buena medida de cuánto invirtamos en ellas, y hacerlo es un buen negocio, no solo se trata de un eslogan», afirmó a Efe María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres.

La pandemia, que provocó una caída del PIB regional del 6,8 % en 2020 -la mayor recesión en 120 años-, ha profundizado todas las brechas de género, incluida la financiera, agregó Vaeza, pero también «ha logrado visibilizar la importancia de poner a las mujeres en el centro».

América Latina, con 42,8 millones de infectados y 1,4 millones de muertes por covid-19, busca ahora encauzar su mellada economía sin perder los grandes avances sociales de las últimas décadas, siendo la igualdad de género uno de los principales escollos.

LA BRECHA FINANCIERA

En la región, solo el 46 % de las mujeres trabaja fuera de casa, frente al 69 % de los hombres, y lo hace con una mayor tasa de informalidad, peores salarios y mayor temporalidad, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A esto se suma la barrera de las mujeres para acceder a crédito e inversión, la barrera financiera, explicó a Efe la directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Ana Güezmes.

En Chile, por ejemplo, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mujeres tienen un 18 % menos probabilidades que los hombres de que les aprueben créditos.

«Es urgente concretar políticas laborales, fiscales y económicas que tengan un enfoque de igualdad de género como un requisito para poder combatir el machismo estructural de la región», alegó Güezmes.

En la misma línea, un informe de ONU Mujeres apunta a que solo el 48 % de los fondos proporciona vehículos de inversión para empresas lideradas por mujeres y solo el 34 % apoyó a empresas a aplicar una perspectiva de género.

Además, solo unas pocas ocupan los puestos de alto rango (37 %), y un número menor es parte del capital accionario (25 %), según el mismo reporte.

Adriana Cabello, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, aclaró a Efe que esto responde a un «arraigado machismo» donde se asocia a las mujeres con una mayor irresponsabilidad laboral debido a las cargas familiares y otros factores.

«Es una barrera que cuesta romper y aunque soy partidaria de que se elija a las personas por meritocracia, se debe abrir las puertas a las mujeres con cuotas de género», sostuvo.

Guatemala pasa en este momento por uno de los peores escenarios de la pandemia desde que se registró oficialmente el primer caso positivo el 13 de marzo de 2020, con 12.098 fallecidos y 403.248 contagios de la covid-19 a la fecha, según datos oficiales.

Así lo advierte la asesora de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Liz Parra, en una entrevista con Efe.

Parra explicó que en las últimas semanas se han triplicado los ingresos en cuidados intensivos, hay poca disponibilidad de camas en los hospitales y existe un cansancio acumulado en el personal de salud.

«Guatemala está atravesando una de las circunstancias más difíciles desde el inicio de la pandemia», esgrimió la doctora.

Parra enfatizó que «en un contexto de baja cobertura de vacunación y con diferencias significativas de la cobertura de vacunación en grandes ciudades y en zonas rurales, la probabilidad de que el virus se siga transmitiendo si no se adoptan medidas de control de la transmisión, es muy alta».

La representante de la OMS hace así referencia a que en cinco meses del plan de inmunización, Guatemala apenas roza el 10% completo de su Plan Nacional de Vacunación, que contempla a 10,5 millones de personas de las 16,3 millones que habitan el país centroamericano.

Según cifras oficiales, 1,3 millones de personas en Guatemala han sido inmunizadas con el esquema completo (dos dosis), a las que se suman más de 2 millones con una dosis de vacunas anticovid-19.

Parra también resalta que en Guatemala existe presencia de las variantes de preocupación, incluyendo la delta, que ha afectado al país en los últimos meses.

PROYECCIONES AL ALZA

«Las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud y que se reflejan en la actualización de las alertas del semáforo que publica en su página web y que comparten con la OPS/OMS, muestran una tendencia de incrementos significativos de casos si es que no se adoptan medidas urgentes», menciona la asesora.

De hecho, el jueves por la noche el presidente Alejandro Giammattei anunció un nuevo estado de calamidad que supone un toque de queda nocturno (de las 20.00 horas a las 4.00 horas del día siguiente) durante las próximas cuatro semanas, a falta de que sea ratificado por el Congreso.

La normativa planteada por Giammattei llega mientras el país enfrenta desde junio la tercera ola de la enfermedad y mantiene las cifras más altas de muertes y contagios en Centroamérica.